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NOTA DE PRENSA
CONCAPA PROPONE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y LA DENUNCIA SI SE ENSEÑA EN EL COLEGIO QUE EL ABORTO ES UN DERECHO Y NO UN CRIMEN

Madrid, 18 de diciembre de 2009.- CONCAPA, ante la aprobación de hoy en el
Congreso de la nueva Ley del Aborto, propondrá a los padres y profesores la
objeción de conciencia y/o la denuncia ante los tribunales -al amparo de las
sentencias dictadas por nuestro T.S.- si se obliga a enseñar a nuestros
hijos que el aborto es un derecho y no un crimen, o se impone una educación
afectivo-sexual contraria a nuestras convicciones filosóficas religiosas o
morales.

La mayoría de las familias españolas no admitiremos que se imponga por ley o
por decreto cuáles deben ser nuestros valores ni nuestras creencias, porque
defendemos el respeto a la pluralidad y a la libertad ideológica. Haremos lo
posible por conseguir la derogación de esta norma. La vida es un derecho
fundamental irrenunciable y ello nos exige redoblar nuestros esfuerzos para
su defensa.

Esta nueva Ley del aborto supone un total retroceso ya que sólo reconoce la
objeción de conciencia a una parte del personal sanitario, mantiene el
aborto libre hasta la semana 14, a partir de los 16 años de edad -sin
consentimiento de los padres si la joven “alega fundadamente que esto le
provocará un conflicto grave”, lo que supone un coladero-, y requiere de un
único facultativo para que se lleve a delante el aborto.

Esta Ley se fundamenta en la promesa de disminuir del número de abortos,
algo falso ya que está demostrado que el aborto no se soluciona con más
abortos, sino proveyendo medidas serias como: las ayudas a la mujer
embarazada -que tienen derecho a una información exhaustiva de todas las
opciones y consecuencias de su elección-, la consideración de miembro de la
familia desde que se acredite el embarazo -con derecho a las consiguientes
prestaciones-, la formación de los padres para la educación de los hijos en
este ámbito para que no se trivialicen las relaciones sexuales, etc.

CONCAPA rechaza de pleno esta Ley abortista que va en contra de la vida del
indefenso todavía no nacido, de la maternidad, de la mujer y de la familia.
Del mismo modo, exige una educación afectivo-sexual donde prime la
responsabilidad y el respeto a la vida, y que sea conforme con las
convicciones de los padres.

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Madrid, 30 de diciembre de 2009.- CONCAPA, considera que un Pacto de Estado
debiera servir, por definición, para alcanzar consensos políticos y sociales
en aquellas cuestiones conflictivas donde hay problemas y disensos como
existen en los dos pilares constitucionales fundamentales: la libertad y la
calidad de enseñanza.

Sin embargo, el Ministro de Educación del que esperábamos y esperamos algo
más que esta raquítica propuesta de Pacto ha obviado temas de calado tan
importante como el derecho a estudiar en castellano en toda España, la
gratuidad de la FP y el Bachillerato en todos los centros de España, la
resolución de la asignatura Educación para la Ciudadanía, la transparencia
en la gestión de los centros, las necesarias evaluaciones, el derecho de los
padres a educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones, el
derecho a elegir centro educativo sin trabas ni restricciones, etc.

En la propuesta, llamada ampulosamente “Pacto de Estado”, se ningunea a la
sociedad civil, a los padres -parte fundamental para la solución del
deterioro educativo-, una situación a la que nos han conducido las políticas
educativas del PSOE durante los últimos 20 años.

La propuesta de Gabilondo no puede considerarse seriamente como un Pacto de
Estado, en todo caso, podrá llamársele Pacto de Mínimos, Convenio Sectorial,
Acuerdo Político. pero poca cosa más. En este Pacto, el Ministro se juega la
dimensión de su talla política y, frente a muchos que le habíamos dado un
voto de confianza, se juega que su credibilidad y buenas intenciones no
terminen en una retórica optimista y vacía de contenido que, por lo visto,
le complace al expresar que “el Pacto progresa adecuadamente”. Si este es su
concepto de progresar adecuadamente el Pacto no tendrá demasiado recorrido.

CONCAPA solicita al Ministerio de Educación valor para denunciar un sistema
educativo obsoleto, que no funciona, y el coraje de plantear un Pacto Social
y Político que recoja modificaciones profundas basadas en la calidad, la
libertad, el esfuerzo, el mérito y la suficiencia de medios, sin
discriminación de redes, que haga factible recomponer la deteriorada
educación española.

Si opta por recoger nuestra invitación CONCAPA le apoyará honestamente -como
hasta ahora- por cuanto esto es lo que la sociedad española demanda, y no un
mero parche político propuesto por un Gobierno que ha agravado todavía más
el fracaso educativo de tantos millones de nuestros jóvenes y que se juega,
por última vez, la escasa credibilidad que le otorga la sociedad en matera
educativa.

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Apoteósico I Encuentro de Objetores a EpC de Castilla y León

Más de 250 asistentes celebraron las 192 sentencias del TSJCyL que eximen de cursar EpC a 396 niños.

VALLADOLID, a 29 de noviembre de 2009.- Este domingo, 29 de noviembre, se celebró en Villagarcía de Campos (Valladolid) el I Encuentro de Objetores a Educación para la Ciudadanía de Castilla y León, que congregó a más de 250 personas.

La jornada estuvo marcada por la alegría y la satisfacción que para las familias objetoras castellanoleonesas representa que el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCyL) haya reconocido en casi 200 resoluciones el derecho de los padres a invocar razones de conciencia para evitar que sus hijos reciban enseñanzas de Educación para la Ciudadanía (EpC), tal y como está configurado su actual currículo en los reales decretos del Ministerio de Educación y en los decretos de la Junta de Castilla y León.

El TSJCyL ha dictado ya 192 fallos que eximen de la obligación de cursar EpC a 396 hijos de familias objetoras de cinco provincias. 82 de esos niños, amparados por 38 resoluciones, residen en Salamanca; son de Soria 109 menores, a quienes afectan otras 71 sentencias; viven en Valladolid 155 alumnos, a los que 71 fallos permiten no dar EpC; 9 niños exonerados mediante 2 fallos son de Ávila; por último, las 10 sentencias notificadas la pasada semana declaran exentos a 41 menores de Burgos.

Tras la recepción y acogida de los participantes, inauguró el Encuentro Marisa Pérez Toribio, presidenta de Soria Educa en Libertad y de España Educa en Libertad. En su alocución, destacó que el movimiento objetor a EpC está firmemente consolidado, porque los padres están cada vez más firmes en sus convicciones. Resaltó así mismo que lo que en los albores del movimiento objetor se intuía como una intromisión del Estado en la formación moral de los menores tiene un alcance mucho mayor, puesto que se ha evidenciado que forma parte de un proyecto ideológico y cultural del Gobierno, que pretende transformar la sociedad española y redefinir al hombre. Un proyecto añadió- que pasa por moldear las conciencias de nuestros hijos. Pero no estamos dispuestos a permitirlo. Vamos a defender a nuestros hijos y a los de todos, e intentaremos estar a la altura de este reto, aseguró.

Tras la apertura, estaba anunciada la participación, como primera ponente, de M.ª Rosa de la Cierva, miembro del Consejo Escolar del Estado, pero una indisposición le impidió asistir. Así pues, fue el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, el encargado de impartir la primera conferencia: “¿Quién educa a nuestros hijos? De EpC a la educación sexual obligatoria”. En su intervención, Urcelay, después de destacar la fortaleza del movimiento objetor, animó a los padres a seguir luchando por la libertad de educación y alertó sobre los contenidos de la educación afectivo-sexual que la ley del aborto impondrá como obligatoria para todos los alumnos a partir de los 11 años: Al igual que en EpC afirmó-, se trata de expropiar los derechos de los padres, inculcando a nuestros hijos una ética que se dice común y que en realidad es la moral sexual de unos pocos, que, desde la educación, se quiere imponer a toda la sociedad.

Por su parte, Francisco José Ramos Vega, abogado de las plataformas de Ávila, Salamanca, Soria y Valladolid, disertó sobre “Presente y futuro de la batalla judicial contra EpC”. El jurista, que habló en nombre de todos los letrados defensores de las familias objetoras, aseguró que la que se les ha encomendado es una misión de la que se sienten muy orgullosos. Así mismo, manifestó que el TSJCyL ha puesto en evidencia a la Junta de Castilla y León, puesto que en sus 192 resoluciones ha expresado con toda claridad que el Gobierno regional debería haber garantizado los derechos de los padres, sin obligarlos a ir a los tribunales. Por último, Ramos Vega resaltó que las resoluciones, que no han sido recurridas por Junta, ponen de relieve el carácter adoctrinador de EpC y reconocen que existe un derecho a objetar que se fundamenta en la propia Constitución Española y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Después de un breve descanso, se proyectó un audiovisual que narra brevemente la historia en imágenes de la batalla por la libertad que protagonizan desde hace tres años las familias objetoras. A continuación, varios objetores compartieron sus testimonios, experiencias e inquietudes con el resto de los asistentes.

Inmediatamente antes de la clausura, se vivieron los instantes más emotivos, con la entrega del I Galardón de Encuentros de Objetores de Castilla y León Memorial Lourdes Gil-Cepeda Morán. La distinción lleva el nombre de la esposa de José Sanz, presidente de la Plataforma Padres por la Libertad de Valladolid, fallecida el año pasado en el parto de su séptimo hijo. El premio recayó en el propio José Sanz, quien lo recogió embargado por la emoción.

Este premio, además recordar entrañablemente a Lourdes, simboliza el reconocimiento del movimiento objetor de la región, tanto a ella como a su marido, por el entusiasta trabajo desplegado por ambos en la defensa de los derechos de los padres. El galardón es una escultura en mármol, donada por el reconocido escultor de Laguna de Duero Lorenzo Duque y por la Joyería Álvaro de la misma localidad vallisoletana, quienes contribuyeron así a que el evento tuviera un final vigoroso y pleno de emotividad.

Finalmente, volvió a intervenir Marisa Pérez Toribio para dar por finalizado el Encuentro, ocasión que la presidenta de España Educa en Libertad aprovechó para, con la colaboración de Leonor Tamayo, coordinadora de Profesionales por la Ética, presentar una nueva fase de la campaña del movimiento objetor a nivel nacional cuyo lema es Haz volar la Libertad de Educación.

La propuesta del PP sobre EpC es manifiestamente mejorable

MADRID, a 22 de enero de 2010.- Tras haber analizado detenidamente las implicaciones jurídicas y académicas de las Propuestas del PP para un pacto por la reforma y mejora de la educación en España, la Federación de Plataformas de Padres España Educa en Libertad considera que casi todas las medidas que en ellas se proponen podrían contribuir de forma notoria a la regeneración de nuestro sistema educativo no universitario. Sin embargo, considera que la reforma del estatus académico del grupo de asignaturas de Educación para la Ciudadanía es manifiestamente mejorable.

En los cinco párrafos que el documento hecho público el día 18 de enero dedica a la EpC, el Partido Popular reitera una vez más su seria discrepancia con su configuración y contenidos, por entender que con ellos los poderes públicos se arrogan unas atribuciones que no les competen, invaden ámbitos educativos que corresponden primariamente a los padres y presentan graves riesgos de adoctrinamiento.

España Educa en Libertad, que elogia el nuevo reconocimiento expreso de los derechos de los padres en relación con la educación de sus hijos, pone de manifiesto que ni los riesgos de adoctrinamiento ni las ilegítimas atribuciones de los poderes públicos desaparecerían con la mera aplicación de las tres medidas que el PP propone, que se corresponden con las tres etapas educativas en las que actualmente se imparten las asignaturas obligatorias de EpC:

1. En Primaria, la formación cívica sería de carácter transversal y estaría inspirada en los valores y principios de la Constitución.

2. En la ESO, se mantendrían las dos asignaturas obligatorias que se imparten en uno de los tres primeros cursos (Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos) y en 4.º (Educación Ético-Cívica), aunque con unos nuevos contenidos, que serían acordados íntegramente y que girarían en torno al conocimiento de la Constitución, así como a la comprensión de sus valores, de las reglas de juego y de sus instituciones.

3. Por último, en Bachillerato, la materia de Filosofía recuperaría su configuración clásica, pérdida con el empobrecedor planteamiento de la denominada Filosofía y Ciudadanía que forma parte del currículo en vigor.

La Federación considera que, como han manifestado insistentemente las asociaciones que la integran durante estos últimos años, para abordar la formación cívica no es necesaria ninguna asignatura específica, en ninguna de las etapas educativas de la enseñanza no universitaria. Así pues, valora positivamente las medidas planteadas por el Partido Popular para Bachillerato e incluso para Primaria, pero llama la atención sobre el hecho de que la transversalidad no elimina per se el riesgo de adoctrinamiento. Éste sólo quedaría razonablemente superado si expresamente se vedara la transmisión de más valores que los que el artículo 1 de la Constitución define como los superiores de nuestro ordenamiento jurídico; a saber, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

En cuanto a la fórmula propuesta por los populares para las dos materias de EpC en la Secundaria Obligatoria, España Educa en Libertad defiende que sería preferible que también fueran eliminadas del currículo, excesivamente recargado de disciplinas académicas, y en esa etapa también se abordara la formación cívica de forma transversal o incluyendo algunos bloques temáticos dedicados a ella en áreas humanísticas.

No obstante, la Federación admitiría el mantenimiento de ambas asignaturas como obligatorias, siempre que de sus programas fuesen eliminados no sólo los contenidos que no se limiten al estudio de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, sino (y esto es algo aún más trascendental) también los objetivos y criterios de evaluación que se inmiscuyen en cuestiones de carácter ideológico y/o moral, pues en ellos radican buena parte de los graves riesgos de adoctrinamiento a los que se refiere el PP.

Los padres que rechazamos los actuales programas de EpC no tenemos vocación de objetores, sino la de padres. Y como tales, asumimos nuestro deber de educar a nuestros hijos con todas las consecuencias, una de las cuales es la defensa de nuestro derecho a transmitirles en casa y a exigir que se les transmitan (también en los centros docentes) los valores morales que consideremos acordes con nuestras convicciones. Eso es algo contra lo que atentan tanto la actual EpC como la futura educación sexual obligatoria (algo así como una EpC II) y no estamos dispuestos a consentirlo, manifiesta Marisa Pérez Toribio, la presidenta de España Educa en Libertad.

Pedimos al PP, añade, que, en sus planteamientos en materia de política educativa, incluya las modificaciones legislativas necesarias para que los derechos de los padres queden expresamente reconocidos y garantizados de forma efectiva en la Ley Orgánica de Educación.

Marisa Pérez Toribio recuerda que los gobiernos autonómicos del Partido Popular están obrando de forma muy poco coherente con lo que el documento del día 18 de enero(como algunos otros anteriores) reflejan como posición de su grupo político en relación con EpC. Si esperan que creamos en su buena fe y en su voluntad política de acabar satisfactoriamente con este grave conflicto, indica para finalizar, deberán comenzar a actuar de forma consecuente con sus solemnes y ampulosas declaraciones formales.

www.españaeducaenlibertad.org

PADRES, EDUCADORES, JURISTAS Y SANITARIOS PLANTAN CARA A LA EDUCACIÓN SEXUAL DEL GOBIERNO

143 entidades suscriben un manifiesto por la Libertad de Educación

Madrid, 20 de enero de 2010.

Esta mañana se ha presentado en 10 ciudades españolas el Manifiesto por la Libertad de Educación. El documento, suscrito hasta el momento por 143 entidades significadas del ámbito educativo, familiar, bioético, así como por numerosos especialistas y profesionales de la educación y la formación afectivo-sexual, planta cara ante lo que parece ser la Educación para la Ciudadanía II: el capítulo educativo de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, denominado en la ley «Incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo». Según ha anunciado la Ministra de Sanidad, esta educación sexual diseñada por el Gobierno, se implantará en todos los centros escolares con carácter obligatorio desde los 11 años y la impartirán profesionales sanitarios.

El Manifiesto afirma que el capítulo educativo de la nueva legislación sobre el aborto es un paso más en el proyecto ideológico y cultural de transformación de la sociedad y que, como ya sucede con Educación para la Ciudadanía, vulnera de lleno el derecho de los padres, reconocido por la Constitución, a educar a sus hijos según sus convicciones. Además, el documento se dirige a las administraciones educativas, a los padres, a los centros educativos con ideario propio, a los centros educativos de la red pública, a los profesionales del ámbito sanitario y a los padres para pedirles que rechacen de plano esta intromisión estatal en el ámbito de las libertades individuales mediante acciones legales, sin excluir la objeción de conciencia.

En este contexto, plataformas y asociaciones de padres objetores a EpC de toda España han lanzado el manifiesto, con la adhesión hasta el momento de 143 entidades (ver manifiesto y listado adjunto) entre las que se encuentran Cheque Escolar, Asociación Charles Peguy, Federación de Plataformas y Entidades Cívicas en Defensa y Promoción de la Familia, Aula Familiar, Educación y Persona, Cívica Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida, Fundación Educatio Servanda, ADEVIDA, Centro Jurídico Tomás Moro o Unión de Federaciones de Escuelas Concertadas. A estas adhesiones hay que sumar las más de 70 plataformas de padres objetores a Educación para la Ciudadanía, de la Federación que agrupa a muchas de ellas, España Educa en Libertad.

En la presentación del manifiesto en Madrid, en nombre de las asociaciones convocantes, ha hablado Marisa Pérez Toribio, presidenta de España Educa en Libertad, quien ha afirmado que con este proyecto, el Gobierno abre una nueva vía de manipulación ideológica de los niños y jóvenes, en un aspecto esencial para sus vidas que pertenece al ámbito íntimo de la persona, un ámbito en el que el Estado no puede entrometerse en ningún caso. «El Estado» -ha asegurado- « no puede decidir cómo debe ser la educación sexual de nuestros hijos condicionando su vida futura; y hacerlo, además, a espaldas de los padres, que somos ciudadanos y los primeros responsables de su educación moral».

En el mismo acto ha tomado la palabra Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda para manifestar su adhesión al Manifiesto en representación del mundo educativo en defensa de la libertad de enseñanza y de los derechos fundamentales de los padres.

Por su parte, Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, ha manifestado el compromiso de su asociación a favor de la libertad ideológica y de conciencia y del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. «El capítulo educativo nos afecta a todos porque es una intromisión estatal en nuestras casas; y además, se pretende hacer mediante profesionales sanitarios, como si se tratara de una política de salud pública incuestionable».

Por último, Marisa Pérez Toribio ha explicado el contenido del Manifiesto por la Libertad de Educación y ha presentado el símbolo de la campaña de los padres en defensa de sus derechos, una cometa con el lema «Haz volar la libertad de educación» (imagen que encabeza esta nota).

El manifiesto está colgado para seguir recibiendo adhesiones de entidades y particulares en:

http://www.españaeducaenlibertad.org/adhesion-al-manifiesto-sobre-educacion-sexual/

PARA DESCARGAR VIDEO CON DECLARACIOENS DE MARISA PÉREZ TORIBIO, PRESIDENTA DE ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD, EN ALTA CALIDAD: https://rcpt.yousendit.com/806172488/8913e75a61ff5b7701d3238da17d6d93

PARA VER EL VIDEO EN YOU TUBE:

SE ADJUNTA:

-Fotografía del acto de presentación del Manifiesto.

-Manifiesto por la Libertad de Educación y relación de entidades adheridas.

-Logotipos de las asociaciones adheridas al manifiesto.

logos asociaciones y plataformas.pdf

manifiesto_ed_sex_200110.pdf

E-mail:

agencialibre
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Hasta ahora, algunos libros de texto y material didáctico de Educación para la Ciudadanía recomendaban páginas de contactos homosexuales y adiestraban a los niños en toda práctica sexual imaginable.
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Esta aberración, que el gobierno se empeña en llamar formación, más propia de sexópatas que de educadores, era sólo el principio.
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No contentos con la creciente proliferación de abortos y enfermedades sexuales, que crecen al ritmo al que los menores son instruidos en un sexo que antes no concebían, ahora, una nueva asignatura se hará presente en los colegios, y de nada servirá apelar al ideario del centro para escabullirse.
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Su finalidad: “incorporar la formación sexual y reproductiva al sistema educativo”.
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El Estado metomentodo viola de nuevo la intimidad de unos menores, cuya conciencia sólo sus padres tienen derecho de formar. La sexualidad pertenece al ámbito personal, afecta a los valores, convicciones y a la libertad ideológica y de conciencia.
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Determinados contenidos de educación sexual impuestos a la fuerza contraviene la legislación internacional (Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Supremo).
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Por este motivo, son absolutamente ilegales y los padres, con todo derecho, podrán oponerse a que sus hijos los reciban en los centros educativos. Y los centros apelar a su ideario para renunciar a semejante imposición.

Pili S Montalbán
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Tag
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ser eximidos de cursar EpC

La impecable argumentación del Tribunal Superior de Justicia debería cambiar el criterio del Tribunal Supremo

Madrid, 21 de octubre de 2009. A fecha de hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha notificado ya 23 sentencias que eximen a un total de 34 alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) de cursar estas asignaturas.

Estas sentencias, jurídicamente irreprochables, han desconcertado a los que, erróneamente, aseguraban que con las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2009 la problemática de la objeción a EpC había quedado definitivamente zanjada.

Mucha gente se pregunta ¿en qué situación estamos respecto a la objeción? Para aclararlo Profesionales por la Ética ha entrevistado a Francisco José Ramos Vega, abogado del Ilustre Colegio Abogados de Salamanca. Este prestigioso letrado ha presentado 250 recursos en nombre de los padres objetores a EpC; las sentencias favorables corresponden a algunos de sus recursos pero es previsible que a lo largo de las siguientes semanas

1. ¿Cree Vd. que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se ha rebelado contra el Tribunal Supremo?

No se puede hablar de rebelión sino de argumentación jurídica. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cita las sentencias del Supremo y recuerda que este Tribunal es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Los tribunales aplicarán e interpretarán las leyes según los preceptos constitucionales, conforme a la interpretación que de los mismos haga el Tribunal Constitucional. Y la objeción de conciencia, que es lo que nos ocupa, es un derecho reconocido en diversas sentencias por nuestro Tribunal Constitucional.

2. ¿Qué consecuencias prácticas tienen las sentencias del TSJCyL?

Los alumnos directamente afectados por las sentencias no tendrán que cursar EpC ni asistir a clase de este conjunto de asignaturas; además, la objeción no puede implicar ningún tipo de perjuicio académico para ellos.

Para el resto de los objetores a EpC de Castilla y León y para los padres castellanoleoneses en general, estas sentencias confirman su derecho constitucional a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, en virtud del mandato constitucional que obliga a todos los poderes públicos (art.27.3 CE).

Desde el punto de vista jurídico, los argumentos de las sentencias del TSJCyL pueden ser utilizados por otros Tribunales Superiores de Justicia; en Valencia los objetores acaban de presentar 250 recursos que deberán ser resueltos. Y lo mismo puede suceder en otras Comunidades. Cuando estas sentencias lleguen al Supremo no se descarta que pueda tomar en consideración los irrefutables argumentos de Castilla y León y cambie su criterio.

3. ¿Qué le diría Vd. a los padres españoles que tienen hijos en edad escolar?

Sin duda, que tienen derecho a objetar a EpC. Las sentencias de Castilla y León han reiterado el carácter ideológico de estas asignaturas y la objeción sigue teniendo amparo constitucional y moral. A los que han objetado, les diría que perseveraran en su actitud. A los que creen que EpC no les afecta porque llevan a sus hijos a los colegios que han elegido, les diría que hay niños cuyos padres no pueden o no saben defenderse. Abandonar ahora esta oposición a EpC sería un gran fracaso para las futuras generaciones, estaríamos sembrando el país de clones que no serían capaces de discernir, de elegir, de oponerse a la maquinaria propagandística del partido gobernante. Es necesario continuar en esta lucha por la libertad.

Ha sido el propio Gobierno el que, al dictar los reglamentos que diseñan EpC ha incumplido con el mandato constitucional de garantizar a los padres el derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y ha hecho irremediable la presentación de la objeción de conciencia como único medio para que sus hijos no sean educados en una ideología, en una moral y una ética impuesta por el Gobierno de turno, con el objeto de provocar en los niños una reconstrucción de valores.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: LA HISTORIA INTERMINABLE

El estado del conflicto en 5 claves

Madrid, 28 de octubre de 2009. Cuando han transcurrido ya casi dos meses de curso escolar, resulta evidente que el conflicto generado por las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), lejos de haber finalizado, ha cobrado nueva fuerza. En resumen, la situación es la siguiente:

1. Las objeciones a la asignatura siguen aumentando y rondan las 54 000. Estos escritos de objeción corresponden a alumnos que cursan alguna de las asignaturas de EpC y a alumnos que la recibirán en los próximos años. Como ha ocurrido en cursos anteriores, la Administración educativa oculta las cifras de objeción o las encubre.

2. El panorama judicial se ha alterado notablemente. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha notificado, desde el 23 de septiembre, al menos 23 sentencias que reconocen el derecho a objetar a 34 alumnos y quedan unos 250 recursos pendientes de resolver. Además, en Valencia se han presentado los primeros 240 recursos de objetores ante el Tribunal Superior de Justicia y unos padres madrileños han hecho lo mismo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en defensa de su derecho a objetar.

3. Los argumentos jurídicos en defensa de la objeción han dado un vuelco tras las sentencias de Castilla y León. Estas resoluciones se apartan del fallo del Tribunal Supremo en materia de objeción a EpC porque entienden que, en la interpretación de los derechos fundamentales, es vinculante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no la del Supremo.Este argumento (jurídicamente impecable) podría ser esgrimido por los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León y Madrid para justificar el derecho a objetar a las polémicas asignaturas.

4. Las Administraciones educativas en general no han cumplido las sentencias del Tribunal Supremo en relación con la objeción a EpC. Dichas sentencias advertían que la educación estatal no podía tomar posiciones «sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española» ni erigirse en árbitro de «las cuestiones morales controvertidas». Solamente la Comunidad Autónoma de Andalucía ha advertido (mediante escrito oficial) a sus centros educativos de las obligaciones que se derivan de las sentencias del Tribunal Supremo.

5. El Ministerio de Educación ha mostrado claramente qué modelo de EpC impone al recomendar como material para estas materias escolares recursos multimedia como Axial, un mundo de valores (con el vídeo del Día del Orgullo Gay como práctica), Sexpresan (explicando el sexo oral y cómo se pone un preservativo) o Los caminos de la felicidad (que invita a los alumnos a cuestionarse qué hace mal la Iglesia católica).

En resumen, como explica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, el conflicto de EpC sigue muy vivo. Entre tanto, el ministro de Educación ha hecho guiños a los que se oponen a estas asignaturas, incluidos los objetores, afirmando que se reunirá con ellos, que «escuchará las razones de quienes creen que desde su conciencia deben objetar» o reconociendo que «la invocación de la conciencia es una cosa muy seria» y que está «decidido a encontrar una solución».

Como reconoce Fernández de Alarcón, las declaraciones de Ángel Gabilondo

constituyen una novedad y «puede hablarse de un cambio de actitud respecto a sus dos predecesoras. Pero no bastan las declaraciones; los niños siguen sin entrar en clase de EpC (a pesar de las presiones del centro educativo o de los inspectores) y estas asignaturas siguen adoctrinando. El ministro tiene que materializar ya su actitud dialogante y recibir ya a los representantes de los objetores».

Padres madrileños recurren al juzgado para defender su derecho a objetar a EpC

Es la primera demanda presentada en Madrid por padres objetores madrileños a estas asignaturas

Madrid, 22 de octubre de 2009. Unos padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) de un colegio público de Brunete han presentado un recurso contencioso-administrativo en defensa de su derecho a objetar a esta asignatura. Esta familia madrileña ha sufrido la presión del centro público, que les obligaba a cursar la materia a pesar de haber objetado.

Tras las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (que eximen de cursar EpC a los hijos de padres objetores) queda claro que el Tribunal Supremo no ha sentado doctrina vinculante sobre el derecho a objetar a estas asignaturas. Por ello, los tribunales inferiores (juzgados y Tribunales Superiores de Justicia) siguen poseyendo plenitud de jurisdicción para aplicar la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en materia de libertad de conciencia y religión. En resumen, que a pesar de la propaganda gubernamental, los tribunales pueden eximir a los alumnos de cursar las materias de EpC.

Este recurso judicial es el primero que se presenta en la Comunidad de Madrid por padres madrileños objetores, ya que el conflicto en torno a las polémicas asignaturas había quedado postergado en Madrid por las directrices -revocadas a finales del curso pasado- de la Consejería de Educación de realizar trabajos alternativos a EpC. Sin embargo, una vez iniciado el presente curso escolar la cuestión ha saltado de nuevo a la luz pública debido a que muchos padres madrileños se niegan a que sus hijos sean adoctrinados con EpC.

Según María Menéndez, portavoz de una de las plataformas madrileñas de padres objetores, este primer recurso judicial será el primero de una larga serie de recursos contencioso-administrativos presentados por padres madrileños para defender uno de sus derechos constitucionales más elementales.